Adelante reclama a EMASESA que llegue a un acuerdo para suministrar agua potable a las 30 familias de Pinillos

Daniel González Rojas: “Hay una treintena de familias que quieren pagar por el suministro de agua potable y creemos que hay fórmulas legales para que EMASESA pueda hacerlo”

Sandra Heredia: “Es inconcebible que en pleno siglo XXI muchas familias en situación de máxima precariedad vivan amenazadas por que se les puede cortar el suministro de agua”

Las familias proponen regularizar su situación con EMASESA a través de una asociación constituida por los propios vecinos y vecinas de Pinillos

Hace ya más de una década que Tempa, una empresa inmobiliaria propiedad del empresario Francisco Pineda Oviedo, adquiría el edificio Pinillos, el inmueble que ocupa toda la manzana conformada por las calles Lope de Vega, Júpiter, Luis Cadarso y Méndez Casariego. Tempa compró el edificio gracias a una hipoteca del Banco Popular y sin importarle que en el inmueble aún vivieran varias familias que tenían rentas antiguas. Sin embargo, en 2012 Tempa entró en concurso de acreedores, dejó una deuda con EMASESA cercana a los 50.000 euros y, en la actualidad, el crédito bancario de Tempa podría haber pasado a manos de Blackstone, un fondo buitre norteamericano que durante los últimos años ha adquirido numerosos inmuebles en nuestro país con la clara intención de especular con ellos.

La deuda de TEMPA con EMASESA provocó que la empresa pública de aguas cortara el suministro a todo el inmueble, sin importarle que buena parte de los residentes tenían contratos de alquiler en vigor y realizaban sus pagos religiosamente. Antes del inicio de la actual pandemia menos de una decena de familias habían podido regularizar sus contratos con EMASESA y contaban con contadores individualizados. El resto de familias, sin embargo, tenían que acudir a las fuentes públicas que, una vez se decretó el estado de alarma, hubieron de ser cerradas. Ante las protestas de las familias que se habían quedado sin agua, EMASESA accedió a ubicar en el patio del edificio dos fuentes que durante los últimos meses han sido utilizadas por las familias para recoger el agua que necesitaban. Sin embargo, la pasada semana estas familias recibieron una notificación de la empresa pública de aguas anunciándoles que en el plazo de 30 días procederían a desmantelar ambas fuentes.

Daniel González Rojas y Sandra Heredia, portavoz y portavoz adjunta de Adelante en el Ayuntamiento de Sevilla, así como Indalecio de la Lastra, consejero de Adelante en EMASESA, han mantenido un encuentro con una representación de las familias. Como explica González Rojas, “en Pinillos hay una treintena de familias que quieren pagar por el agua potable que consumen y hay fórmulas legales para que EMASESA pueda hacerlo”. El portavoz de Adelante Sevilla cree que “sería un absoluto despropósito que EMASESA se negara a dar suministro a estas familias, que en muchos casos además tienen menores a su cargo”.

En la misma línea se ha manifestado la portavoz adjunta de la formación, Sandra Heredia, quien señala que “es inconcebible que en pleno siglo XXI, en una ciudad como Sevilla, muchas familias vivan amenazadas por que se les pueda cortar el suministro de agua”. La edil cree que “una empresa pública como EMASESA debe anteponer los derechos de nuestros vecinos y vecinas a los intereses de un fondo buitre como Blackstone, cuyo único interés es especular y obtener beneficio a costa de nuestra ciudad”.

La treintena de familias que viven en el edificio Pinillos han iniciado ya los contactos con EMASESA para regularizar su situación y proponen constituirse en una asociación, que sería la persona jurídica que formalizara un contrato único con la empresa pública de aguas. La portavoz adjunta de Adelante Sevilla, Sandra Heredia, recuerda “a EMASESA y al gobierno municipal que el acceso al agua potable es un derecho reconocido por la Organización de las Naciones Unidas” y Daniel González Rojas, portavoz de la formación, explica que “el gobierno municipal adquirió con nuestra fuerza política y con los agentes sociales el compromiso, refrendado en el Pleno municipal, de garantizar un mínimo vital a todas las familias y que no se cortaría el agua a nadie y, mucho menos aún, como sucede en este caso, a unas familias que quieren pagar por el agua que consumen”.